Efectos positivos del Diálogo Civil en el Estado Español
La Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, doña Susana Camarero, ha hecho hincapié en la importancia de la Comisión para el Diálogo Civil con el Tercer Sector para sacar adelante políticas sociales, especialmente en el ámbito del apoyo a las personas con capacidades diferentes.
La Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector ha servido de canal de comunicación entre la administración y las entidades, algo que no es baladí si se tiene en cuenta que estas organizaciones son más de 30.000 en España y represente el 2% del PIB nacional.
La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura propuso en 2012 al Gobierno autonómico la constitución de la Comisión del Diálogo Civil de Extremadura, y aunque la propuesta recibió una acogida inicial favorable aún no se ha materializado, constituyendo una constante reinvidicación de esta Plataforma.
Para cubrir algunas lagunas en cuanto a su papel legal y jurídico, el Gobierno ha trabajado en la puesta en marcha de la Ley del Tercer Sector, aprobada por el Consejo de Ministros a finales de enero con los objetivos de configurar un marco legal para dichas entidades y dinamizar su papel de interlocución. Así, esta norma establece, como novedad, un marco regulatorio común a escala nacional; reconoce a estas organizaciones como entidades colaboradoras de las administraciones públicas y da una visibilidad al sector que no encontraba precedentes.
También como demostración de compromiso y apoyo al Tercer Sector y a los ciudadanos implicados es la nueva Ley del Voluntariado, ahora en fase de anteproyecto. La norma está pensada para los más de 6 millones de personas que en España ejercen como voluntarios en alguna actuación o actividad. Supone, ha señalado la secretaria de Estado, un aliciente para la participación solidaria y un blindaje de las relaciones que la administración establece con las entidades. Por otra parte, regula las funciones del voluntario y de las personas que reciben su ayuda y determina la órbita de actuación según el tipo de organizaciones y el campo en el que se mueve, sea un voluntariado social, cultural, medioambiental o de cooperación internacional. Dicha Ley, además, restringe por primera vez la actividad del voluntariado, habida cuenta de que aquellas personas que hayan sido inculpadas o condenadas en casos delictivos contra menores, o por violencia de género, no podrán participar en proyectos que signifiquen contacto con menores o con mujeres y familias.
Fuente: La Moncloa
